Todo ciudadano tiene la obligación de respetar las normas de convivencia que rigen a una sociedad. Estas disposiciones se elaboran para el mejor funcionamiento de una comunidad y para el respeto hacia el otro, en el marco de que todos somos iguales ante la ley, de manera que no haya sectores o individuos con privilegios.
Hace pocos días, dos funcionarios de la Municipalidad de Tafí Viejo protagonizaron un confuso episodio automovilístico en la vía pública. El director de Espacios Verdes conducía un vehículo en el que también viajaba la secretaria de Obras Públicas. Aparentemente, tras haber colisionado un automóvil, los funcionarios no se detuvieron. La supuesta víctima comenzó a perseguirlos y a filmarlos hasta que logró interceptarlos. En la filmación se observa la discusión, los forcejeos por impedir que se filmara, así como la trompa abollada del auto del funcionario que, al parecer, da la impresión de hallarse ebrio.
Tras difundirse el caso, el intendente taficeño anunció que el director de Espacios Verdes dejaría de integrar la estructura de gobierno del municipio. El funcionario cuestionado presentó la renuncia al día siguiente del episodio.
No era la primera vez que este ocupaba un cargo en la función pública. Entre 1999 y 2003, había ocupado una banca en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán. Tras finalizar su mandato como concejal capitalino intentó llegar a la Legislatura por el sublema Tucumán Tierra de Bendición, pero no resultó electo; desde entonces integra el gobierno municipal de Tafí Viejo.
La situación plantea una vez más la doble responsabilidad que tienen quienes se hallan en la función pública, porque su conducta es observada por toda la comunidad. Por esa razón, estos deben dar el ejemplo de respeto total a las leyes. Si maneja en estado de ebriedad se está cometiendo una doble infracción. Y si este no percibe sanción alguna, se sienta un mal precedente porque cualquier ciudadano con toda razón, cuando comete una transgresión, puede argumentar que a tal o cual funcionario no lo castigaron. En este caso, el director de Espacios Verdes actuó luego como correspondía presentando la renuncia -sin esperar a que se la pidieran- y el intendente taficeño también, porque afirmó que se la aceptaría y este dejaría de pertenecer a su grupo de colaboradores.
No está de más recordar que el hecho de ocupar un cargo público no debe darle a una persona ningún privilegio sobre los demás. El viernes, en la zona bancaria, el conductor de un camión de caudales le pidió que se corriera al chofer de un auto con un cartel que rezaba “Legislador”, estacionado frente a un banco, pero este ni se movió.
También conviene recordar que los representantes elegidos por pueblo son servidores públicos y ningún cargo les da prerrogativas para infringir la ley o para obtener ventajas sobre el resto de los ciudadanos. Justamente, deben esmerarse en que su conducta no sólo parezca correcta, sino también que lo sea. La realidad cotidiana no suele mostrar esa coherencia y actitud en muchos de nuestros representantes, razón por la cual es paradójico exigirle el acatamiento a la ley a la ciudadanía, si quienes deben hacerla cumplir, en muchos casos, la quebrantan. Las acciones de quienes nos gobiernan deben ser siempre transparentes e irreprochables.